Procesaron a empresarios argentinos y a una ciudadana uruguaya por contrabando de U$S 170 millones en sobrefacturación de importaciones

Los empresarios argentinos Lisandro Barbuy y Omar Barbuy y la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva fueron detenidos por el delito de Contrabando Documentado en más de 700 hechos. Luego de una ardua investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó a los empresarios y la ciudadana uruguaya por sobrefacturación de importación trianguladas por más de 170 millones de dólares. Dichas operaciones también permitieron la fuga al exterior de 35 millones de dólares.

Los funcionarios del ente encabezado por Ricardo Echegaray comenzaron la investigación a partir del análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana Argentina e implementadas en 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria en relación a las empresas Barbuy Team S.A. y Dowel S.A., las cuales son grandes importadoras y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería. Los empresarios utilizaban una empresa fantasma creada en la República Oriental del Uruguay para refacturar injustificadamente el 20% del valor de la mercadería que se adquirió en China a fin de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero presentando documentación falsa que declaraba un valor distinto al correspondiente.

Gracias a la documentación secuestrada, se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido acciones ilícitas  aduaneras en Uruguay. Por ello, gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del MERCOSUR, se logró presentar la denuncia de la maniobra en Uruguay. La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, no poseían ninguna identificación personal, sin personal a cargo. Sus libros contables se encontraban absolutamente en blanco y presentaban una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados directamente desde Argentina.