La maniobra mantenía a 450 choferes en condiciones laborales irregulares ya que los mismos no efectuaban aportes o contribuciones. Esta operación generó un perjuicio fiscal de al menos 18 millones de pesos durante los últimos tres años. Los choferes estaban inscriptos en 355 sociedades constituidas por los mismos socios y con el mismo domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.
A través de la Obra Social de los Peones de Taxis de CABA (OSPETAX), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tomó conocimiento de que existía un importante número de choferes no registrados y que tampoco tenían al día sus aportes previsionales correspondientes. Mediante una investigación llevada a cabo por el organismo presidido por Ricardo Echegaray, se descubrió que existían varias empresas de taxi que habían mantenían a sus choferes sin ser registrados como empleados. Los mismos habían sido designados como socios de estas entidades a modo de no tener que cumplir con las obligaciones de seguridad social y jubilación.
Los responsables de estas operaciones según AFIP, inscribían diferentes sociedades comerciales con el mismo objeto y domicilio legal y designaban a una misma persona como presidente. Posteriormente, se transferían las licencias que poseían a título personal en favor de las sociedades y designaban a los choferes como socios, por lo que los verdaderos titulares de las licencias quedaban exentos del pago de los aportes de sus verdaderos empleados.
Para Echegaray, detrás de esta maniobra se encontrarían al menos cinco grandes grupos de personas que estaban asesoradas por un grupo de contadores y escribanos que podrían ser considerados partícipes de este delito. La pena por el mismo es de dos a seis años de prisión y podría caber la pena agravada de tres años y seis a nueve meses de prisión en caso de comprobarse la utilización de testaferros. Pero además, según establece el artículo 14° del Régimen Penal Tributario, las sociedades vinculadas a este tipo de maniobras pueden recibir sanciones penales por lo que se les anularía la personería jurídica.
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